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El plazo máximo para resolver una solicitud de extradición en Portugal es de sixty días, aunque este plazo puede ser ampliado si hay circunstancias especiales que lo justifiquen.
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Un buen abogado experto en extradiciones en Malta debe tener una amplia experiencia en este campo y estar familiarizado con las leyes y regulaciones que rigen el proceso de extradición en Malta.
Las resoluciones anteriores adoptarán la forma de auto, que se dictará dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comparecencia y del que el Secretario judicial dará traslado inmediato al Ministerio de Justicia.
a) El nombre de la persona reclamada, con sus datos de identidad personal y las circunstancias que permitan encontrarla en el país;
Esta solicitud debe contener la información necesaria para justificar la petición, como los motivos por los que se solicita la extradición y las pruebas que se tienen contra la persona que se quiere extraditar.
La Audiencia Nacional analiza la solicitud y la información presentada por el país que solicita la extradición y determine si la solicitud es procedente o no.
Si la extradición hubiere sido solicitada por varios Estados, bien por el mismo hecho o por hechos diferentes, se decidirá sobre aquélla por el Gobierno y en su caso la entrega del reclamado, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes y, especialmente, la existencia o no de Tratado, la gravedad relativa y lugar de la comisión del delito, fechas de las respectivas solicitudes, nacionalidad de la persona reclamada y posibilidad de una ulterior extradición a otro Estado. Extradicion Abogados
Trabajamos para trasladar special info presos que lo deseen a sus países de origen para el cumplimiento de la condena y aplicación de beneficios penitenciarios.
La detención preventiva con fines de extradición de una persona reclamada por las autoridades extranjeras procede cuando:
Esta solicitud debe incluir pruebas y documentos que justifiquen la solicitud y demostrar que el delito por el que se solicita la extradición es reconocido como tal en ambos países.
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Las sentencias de la justicia penal nacional que imponen penas privativas de libertad o medidas de seguridad privativas de libertad a nacionales de otro país pueden ser cumplidas en el país de origen de la persona condenada o en el que acredite arraigo.